27 de julio de 2023
Presentación del libro “Justicia Constitucional a debate” Volumen 2: Crónicas jurisprudenciales del primer semestre del 2022
SU-191 del 2022: La Corte Constitucional analizó si el caso tenía cosa juzgada y llegó a la conclusión de que no, ya que había hechos nuevos y distintas pretensiones que permitían al juez constitucional conocer el asunto de fondo, teniendo en cuenta que las víctimas que se pretende proteger son menores de edad.
Gloria Stella Ortiz Delgado, ex magistrada de la Corte Constitucional
SU-213 del 2022: El caso se trata de la elección del alcalde de Girón, Santander en el periodo constitucional 2020-2024, donde se formó una coalición de 167 partidos para apoyar al candidato electo. Sin embargo, se presentaron demandas alegando doble militancia por parte del alcalde, quien había apoyado a candidatos de otra agrupación política. El elegido se defiende diciendo que él no había renunciado al partido con antelación y que por lo tanto él no estaba en la obligación de apoyar a ese candidato del partido alianza verde porque no pertenecía a él y por supuesto gozaba de algún margen de libertad para apoyar a cualquier autor porque todo caso eran candidatos que hacían parte de su misma coalición de su misma coalición.
Pedro Pablo Vanegas Gil, Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado
SU-020 del 2022: La sentencia se motivó por varias acciones de tutela por firmantes del Acuerdo Final de Paz, que le pedían a la Unidad Nacional de Protección otorgar medidas de protección, mantenerla o no prorrogarlas, al igual que nuevos estudios de riesgo para la protección individual de las personas que interpusieron las acciones de tutela. Aparte de esas medidas de protección, también le pedían a varias instituciones del gobierno cumplir el acuerdo de paz, tener un concepto de seguridad más amplio de las personas en procesos de reintegración o de reincorporación que las medidas de protección individuales. La doctora Pardo resalta especialmente la solicitud de un lenguaje que no fuera estigmatizante para los firmantes, que se cumpliera el punto 3.4 sobre las garantías de seguridad para los firmantes, que las entidades del Estado actuaran con mayor coordinación y se destinara mayores recursos.
Cristina Pardo Schlesinger, Magistrada de la Corte Constitucional
Natalia Polo Alvis