La importancia del control preventivo para la lucha contra la corrupción

La Veeduría Distrital y la Universidad Externado de Colombia reunieron a exjefes de organismos de control, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil para debatir cómo prevenir la corrupción antes de que el daño ocurra.

El miércoles 4 de noviembre de 2026 se llevó a cabo el evento “la importancia del control preventivo para la lucha contra la corrupción”, organizado conjuntamente por la Veeduría Distrital y la Universidad Externado de Colombia. La jornada abordó el control preventivo como catalizador de la lucha anticorrupción a partir de tres ejes: los instrumentos de control preventivo, los desafíos actuales y el papel de cada entidad según sus competencias constitucionales.

La instalación estuvo a cargo del doctor Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia, y del doctor Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá.

El rector Hernando Parra Nieto advirtió que responder tarde es, muchas veces, inútil: cuando la sanción llega, el recurso ya se perdió. Recordó que la confianza ciudadana es el bien más difícil de recuperar para las instituciones, y que llegar a tiempo exige capacidades técnicas.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó los resultados obtenidos durante su gestión como secretario de Transparencia, en la que dio prelación al control preventivo. El reto, concluyó, es encontrar la manera de potenciar la labor preventiva para ampliar la transparencia en la gestión pública.

Panel 1: La importancia del control preventivo para la lucha contra la corrupción

El primer panel, que se desarrolló entre las 8:30 y las 10:00 a. m., estuvo moderado por la veedora distrital Adriana Herrera Beltrán y contó con la participación de Alfonso Gómez Méndez, exprocurador general de la Nación, exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia y del Derecho; Edgardo Maya Villazón, excontralor general de la República y exprocurador general de la Nación; Carlos Arturo Ramírez Vásquez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y Wilson Alejandro Martínez, profesor asociado de la Universidad del Rosario.

El excontralor Edgardo Maya Villazón recordó que, durante su gestión, la Contraloría cifró en 50 billones de pesos anuales el monto que se pierde del presupuesto nacional por corrupción. Repasó también la historia del control previo de la Contraloría, creado en 1975 y suprimido por la Constitución de 1991 tras numerosas condenas a contralores, al punto de que la Asamblea Constituyente lo calificó como un mecanismo vergonzoso.

A juicio de Maya, el control previo debe ejercerse con filigrana para no caer en la coadministración, y necesita dos aliados: las oficinas de control interno y el control ciudadano. Con ellos, exhortó a perseverar en la prevención para evitar que el daño ocurra.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez sostuvo que el país ha abordado mal la corrupción: se usa el concepto con imprecisión, se emplea como arma contra opositores y competidores, y se cree que es un problema de normas, cuando es en el exceso normativo donde se cuela. Definió la corrupción como el uso indebido de la función pública para obtener un provecho propio y afirmó que la mayor medida preventiva es corregir el régimen político.

El magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez hizo un recorrido por la legislación anticorrupción, desde la Ley 190 de 1995 y la Ley 200 de 1995, primer código disciplinario, hasta la Ley 1474 de 2011. Su balance fue claro: el aumento de penas no disminuye la corrupción, mientras que el control ciudadano sí lo hace. Señaló como el mayor desafío disciplinario la convencionalidad de las sanciones a funcionarios de elección popular.

El profesor Wilson Alejandro Martínez coincidió en que la regulación es abundante y técnicamente pertinente, por lo que el problema es de efectividad. Advirtió sobre programas de transparencia y ética pública «de papel», que no parten de una verdadera evaluación de riesgos, y sobre la falta de una cultura de cumplimiento y prevención.

La veedora Adriana Herrera Beltrán planteó cómo conciliar el control preventivo con la discrecionalidad del funcionario. Maya respondió que la frontera no puede trazarse del todo si la misma entidad que previene adelanta después el juicio disciplinario o fiscal, pues termina siendo juez y parte. Por eso, tras el Acto Legislativo 04 de 2019, que revivió el control preventivo, consideró imperativo separar las funciones preventivas de las sancionatorias.

Gómez Méndez se mostró escéptico: recordó que con el antiguo control previo los auditores extorsionaban y lamentó que se reviva. Para él, prevenir es acabar con el cohecho político y el ofrecimiento de puestos, eliminar las diligencias previas que se prolongan por años y poner fin a la impunidad de los aforados.

Ramírez Vásquez comparó la corrupción con una epidemia, «un problema de sintomatología», que debe enfrentarse con análisis estadístico y con una mejor formación de quienes ingresan a la función pública, como la que imparte la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Martínez, por su parte, insistió en que los mapas de riesgo no son decoración: sirven para evaluar la posición de garante del funcionario en juicios disciplinarios y penales, incluso por omisión.

Panel 2: La vigilancia de la gestión pública desde la sociedad civil

El segundo panel, que se desarrolló entre las 10:30 a. m. y las 12:00 m., estuvo dedicado a la vigilancia de la gestión pública desde la sociedad civil y fue moderado por la doctora Floralba Padrón Pardo, directora del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. En él intervinieron Claire Launay-Gama, directora programática de iniciativas con sociedad civil de Transparencia por Colombia; Sandra Ximena Olaya, abogada y docente de la Universidad Externado de Colombia, y Martha Elvira Soto Franco, directora y editora de la Unidad Investigativa de El Tiempo.

La doctora Floralba Padrón Pardo abrió el segundo panel con un dato preocupante: en una escala de 0 a 10, donde 10 corresponde al país más corrupto, la percepción ciudadana ubica a Colombia en 7,6 puntos, por encima del promedio de América Latina. Hay un problema de confianza, señaló, pero también de organización de la participación: «¿De qué sirve el derecho a la información si los documentos no se entregan oportunamente?».

Sandra Ximena Olaya afirmó que la ciudadanía no solo es destinataria de la gestión pública, sino también su observadora. Es ella quien advierte que las obras no avanzan, que el servicio no llega o que alguien ofrece destrabar un trámite, información que no aparece en ningún informe institucional. Citando a Antanas Mockus, recordó que «no toda ineficiencia es corrupción, pero sí le abre las puertas».

Olaya identificó cinco barreras para el control ciudadano: información de difícil acceso, ininteligible o desactualizada; lenguajes especializados que el ciudadano no entiende; miedo a denunciar; falta de incidencia real de la participación, y brecha tecnológica.

La periodista Martha Elvira Soto Franco explicó que la clave para sortear los obstáculos informativos es la ciudadanía que acude a los medios a denunciar. Señaló la urgencia manifiesta como el principal atajo de los infractores para evitar la licitación y la publicación de contratos en el SECOP, lo que genera opacidad, y pidió cerrar esos atajos una vez detectados. Precisó, además, que la prensa no suplanta a los organismos de control ni tiene patente de corso para decir cualquier cosa.

Claire Launay-Gama presentó la experiencia de Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional con 28 años de trayectoria. Sostuvo que la ciudadanía cumple una función de contrapeso indispensable para la democracia y que tiene la responsabilidad de convertir sus preocupaciones en propuestas concretas. «Sin periodistas, sin líderes sociales, no sabríamos nada sobre la corrupción», afirmó.

Ante la pregunta sobre cómo reducir la frustración de quienes denuncian y no ven resultados, las panelistas coincidieron en la falta de articulación institucional. Olaya mencionó la plataforma Colibrí, en la que la administración distrital publica sus compromisos para el seguimiento ciudadano, y reclamó rutas de atención y una norma de protección al denunciante. Soto advirtió que la respuesta de los órganos de control depende del líder de turno, y Launay-Gama sostuvo que el problema no son las denuncias sino su trámite, por lo que pidió un presupuesto robusto para la lucha anticorrupción y asesoría jurídica para los denunciantes.

Al cierre, Padrón Pardo destacó el seguimiento de la Alcaldía de Bogotá a la ejecución del metro y de otras obras, y señaló que la ciudadanía aporta más recursos de manera voluntaria cuando percibe eficiencia en su manejo.

Entre las principales conclusiones del encuentro se destacó que el fin del control preventivo es evitar que ocurra el hecho lesivo para la administración pública, por lo que la labor preventiva debe ser el principal elemento del control. También se advirtió que, cuando dos o tres entidades confluyen sobre un mismo asunto, su acción se neutraliza y se diluye.

De igual manera, se subrayó la necesidad de cambiar la forma de hacer política y de elegir a quienes ejercen el poder público, y se reconoció que la participación ciudadana es fundamental para prevenir la corrupción.

Con este evento, la Veeduría Distrital y la Universidad Externado de Colombia propiciaron un espacio de análisis sobre los instrumentos de control preventivo y los retos de su aplicación, en el que confluyeron las miradas institucional, académica, periodística y de la sociedad civil.